• Encuesta Nacional de Inseguridad (ENSI) ediciones 2005, 2009 y 2010 del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, la cual recoge información sobre delitos sexuales.

• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) ediciones 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que recoge información acerca de agresión física, amenazas, hostigamiento sexual, intento de violación y violación sexual.

• Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014 de la Secretaría de Gobernación-INEGI, la cual cuestiona sobre conflictos familiares, violencia comunitaria, vandalismo y asaltos.

• Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) ediciones 2003, 2006, 2011 y 2016 (en proceso) del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)-INEGI.

• Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media Superior (ENEIVEMS) ediciones 2007, 2009 y 2013 de la Secretaría de Educación.

• Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo (ENVIN) 2007 realizada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJ).

• Encuesta Nacional de Juventud (ENJUVE) ediciones 2000, 2005 y 2010 del INJ.

• Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM) ediciones 2003 y 2006 del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la cual se lleva a cabo cada seis años, la más reciente en 2012, por el INSP.

• Estadísticas de la Procuraduría (a niveles estatal y federal). El problema particular en este caso es que el porcentaje de casos que se denuncia es muy bajo; por ejemplo, se ha estimado que en México sólo 26% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja acude a la policía o con alguna autoridad pública; este porcentaje varía, a su vez, por el tipo de violencia recibida: sólo 4% de las mujeres víctimas de violencia sexual acude con las autoridades (Frías, 2013).

• Estadísticas judiciales (referidas sólo a aquellos casos que han entrado al sistema judicial).

• Estadísticas del Sistema Nacional de Salud (SINAIS), con información sobre abuso sexual y violencia familiar.

• A partir de la implementación de la LGAMVLV se establece la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). Hasta ahora, sin embargo, esta base no se ha configurado ni ha funcionado en realidad; para el 2012, sólo dos de 33 entidades federativas la alimentaban con datos (Ríos Cázares, 2013).

• Inconsistencia entre los datos de distintas fuentes. Pocas veces es posible compatibilizar la información compilada por las diversas instituciones (Alméras y Calderón, 2012), lo cual en parte es resultado de las diferencias de objetivos e intereses entre las instancias que las generan.

• Se observa ausencia de congruencia y homogeneidad en los datos que se generan en una misma institución o fuente de información administrativa en distintos momentos. Como señala Frías (2017), la generación de la información y la calidad de la misma está ligada a la voluntad y empeño de los empleados y directores de estas instituciones, así como de los fluctuantes o limitados recursos económicos de que disponen; ello implica que los indicadores que se recaban suelen variar de manera importante de un periodo a otro.

• Problema de autoselección de los datos: la información recabada está sesgada por el perfil de los usuarios de cada tipo de servicio; por ejemplo, los datos recolectados en instancias policiales y de justicia sólo reflejan la situación de aquellas —pocas— mujeres que se atreven a denunciar la violencia en su contra.

• En la medida en que las mujeres sólo tienden a acudir a instancias de salud y de justicia cuando las agresiones que sufren son muy severas o violentas, los registros administrativos únicamente tienden a captar determinadas expresiones de violencia contra ellas, usualmente las más severas, como: violaciones, agresiones físicas severas, feminicidios, etcétera.

• La información recabada con frecuencia está fragmentada e incompleta.

• Se suman, además, otras situaciones que suelen limitar la utilidad de la información disponible de los datos provenientes de registros administrativos: falta de actualización, periodicidad irregular e inadecuada desagregación de datos que hasta ahora se genera (muchas veces no se distingue por sexo, por ejemplo).

• Suma de diversos actores y sectores sociales en la tarea de generación de información. En el caso de México, la ENDIREH (2003, 2006 y 2011) representa la fuente más completa de datos sobre violencia contra las mujeres. El diseño de esta encuesta (que se ha modificado y enriquecido entre una edición y otra) ha resultado de un esfuerzo conjunto de instituciones públicas y académicas, organismos internacionales y sociedad civil, lo cual ha representado a la vez un reto (el cual ha estado ligado a la evidente complejidad de llegar a acuerdos entre los diversos actores e intereses involucrados) y un aprendizaje muy valioso; por la misma complejidad, la suma de diferentes objetivos y perspectivas en el diseño de los instrumentos de recolección ha propiciado, por una parte, una mirada más diversa y compleja sobre este problema social y sus connotaciones y, por lo tanto, de los elementos o aspectos sobre los que debemos indagar; por otra parte, con ello se ha garantizado que la información recabada sea efectivamente utilizada por los diversos actores sociales y resulte de utilidad a todos ellos.

• Recolección de información sobre diversas expresiones de violencia contra la mujer (no sólo violencia de pareja). Un aprendizaje concreto que hemos alcanzado a través de las sucesivas aplicaciones y análisis de la ENDIREH en México ha sido la imperante necesidad de ampliar la generación de información más allá de la violencia de pareja y familiar; es fundamental identificar y visibilizar otras expresiones de la violencia de género, que tiene lugar en otros ámbitos (además del doméstico) y es llevada a cabo por otros actores (además de la pareja), como la violencia contra las mujeres en los espacios educativos, laborales y comunitarios.
Siendo éste un problema presente en casi todos los espacios sociales, resulta insuficiente y parcial documentar sólo los del ámbito doméstico y familiar, y son importantes los esfuerzos de identificar tanto las otras expresiones como los vínculos que se desarrollan entre las expresiones privadas y públicas, individuales y colectivas de la violencia de género.
En la ENDIREH, en sus versiones 2006 y 2011, se incluyeron preguntas para indagar sobre expresiones de la violencia contra las mujeres además de la violencia de pareja. De esta manera, se preguntó por actos de violencia emocional, física, económica o sexual, acoso y hostigamiento que hubiesen ocurrido en el hogar o en otros ámbitos (espacios educativos, laborales o públicos) y por otros actores, distintos a la pareja (familiares, amigos, desconocidos). Con ello, se logró profundizar en el conocimiento del problema teniendo una mirada más integral del mismo.

• Levantamiento de información a nivel nacional y representativa de determinados subgrupos poblacionales. Otro aprendizaje importante en el proceso (también facilitado por la suma de diferentes actores e intereses en la concepción y diseño de los instrumentos de recolección de información sobre violencia contra las mujeres) ha sido el planteamiento de la necesidad e importancia de recopilar datos que reflejen las características del problema no sólo a nivel nacional, sino también para determinados subgrupos poblacionales de interés, como ha sido el caso de los diversos grupos indígenas de México. Al respecto, contamos en el país con la experiencia de la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres (ENSADEMI) 2008, desarrollada por el INSP, que recaba información de las mujeres indígenas, y ha permitido hacer evidentes las diferencias regionales y por etnias de las expresiones de violencia contra las mujeres. El levantamiento de encuestas como ésta va ligado, por supuesto, a esfuerzos técnicos y metodológicos claros, como el diseño de un marco muestral representativo de estos grupos indígenas, además de la elaboración y aplicación de cuestionarios en las distintas lenguas indígenas.

• Cambios metodológicos que dificultan la comparabilidad de los datos. La incorporación de cambios o modificaciones en el marco muestral entre una encuesta y otra, así como en la población objetivo (por ejemplo, sólo mujeres unidas vs. mujeres en distintas situaciones conyugales) y en la estrategia de selección de las personas a entrevistar (por ejemplo, una sola mujer en cada hogar vs. todas las mujeres en el hogar) pueden obstaculizar la posibilidad de establecer comparaciones entre una encuesta y otra; con ello, se dificulta la identificación de cambios y tendencias de la violencia contra las mujeres a lo largo del tiempo, datos altamente relevantes para el diseño y evaluación de políticas públicas (Serrano y Casique, 2014).

• Dilemas éticos en torno al abordaje de mujeres víctimas de violencia. En contextos donde no existen instituciones o programas que puedan ofrecerles atención y salidas a la situación de violencia (o cuando sí existen, pero son ineficientes o inoperantes en la realidad), se les plantea tanto a las instituciones como a las personas involucradas en el proceso de recolección de información sobre violencia contra las mujeres —y de manera particular a las encuestadoras que entran en contacto directo con ellas— un dilema ético al requerir información sensible sobre la violencia que experimentan estas mujeres y no existir la posibilidad de canalizarlas hacia una posible salida de la misma.

• Necesidad de ofrecer contención psicológica para las encuestadoras y personal de atención a víctimas de violencia. En el desarrollo del trabajo de campo, cuando se trata del levantamiento de encuestas sobre violencia, así como en las diversas tareas que realiza el personal de centros de atención y asistencia, las encuestadoras y trabajadoras entran en contacto con mujeres víctimas de violencia, quienes hacen referencias a situaciones y circunstancias que pueden ser muy dramáticas y dolorosas y que, con relativa frecuencia, pueden generar en las mismas encuestadoras sentimientos de enojo, frustración, indignación e impotencia (Agoff y Castro, 2009), con la posibilidad de eventuales crisis emocionales. Surge, entonces, la necesidad de diseñar y ofrecer estrategias de contención psicológica a estas trabajadoras durante y después del levantamiento de la información.

• Necesidad de lograr la comparabilidad y la complementariedad entre encuestas y registros administrativos nacionales. La falta de comparabilidad entre los datos ya existentes sobre violencia contra las mujeres es resultado, en parte, de que los distintos esfuerzos realizados han carecido de un marco conceptual y normativo común a todos ellos (Ramírez y Echarri, 2010; Alméras y Calderón, 2012) que deje en claro tanto las definiciones de los distintos tipos de violencia como los indicadores necesarios para medirlas.
En México, la LGAMVLV identifica varios tipos de violencia (física, sexual, económica/patrimonial, emocional y feminicida), así como distintos ámbitos en los que ésta puede ocurrir (familiar, educativo, laboral, institucional y comunitario). La Ley puede ser un punto de partida para la elaboración de ese marco normativo, pero se requiere de esfuerzos adicionales para clarificar los conceptos ya contenidos en ella (por ejemplo, es preciso distinguir las definiciones de violencia económica y patrimonial) para incluir algunos elementos que no forman parte de ésta, así como una orientación hacia la operacionalización de los mismos con la identificación de sus correspondientes indicadores.
En este sentido, es importante también reconocer que pueden existir diferencias entre los objetivos y naturaleza de las definiciones y conceptos legales sobre la violencia contra las mujeres (que están orientados a la visibilización, identificación y distinción de conductas o acciones violentas sancionables) y lo que podrían ser definiciones más operativas (de las que puedan derivarse indicadores de medición dirigidos a la cuantificación de estos eventos).

• Comparabilidad a nivel internacional de los datos. La búsqueda de conciliación de la información y los datos que se generan a partir de las distintas fuentes debe orientarse no sólo desde una mirada nacional sino, también —de manera muy importante—, con una perspectiva internacional que permita establecer comparaciones con otros contextos y regiones, lo cual es de especial importancia en el monitoreo de los recién aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto de las metas relacionadas con la eliminación de la violencia contra las mujeres.

• Datos como insumo fundamental para el diseño y evaluación de las políticas públicas. Los datos recabados a través de las distintas fuentes de información sobre violencia contra las mujeres deben jugar un papel central en el análisis de esta situación en cada país y constituirse en el insumo fundamental para la formulación de políticas públicas y programas de prevención, atención y eliminación de este tipo de violencia. Al mismo tiempo, la generación periódica de datos constituye un excelente recurso para la evaluación de avances y cumplimiento de metas derivadas de estas políticas y de programas específicos originados de las mismas.
El reto es doble, pues no basta lograr la generación de información pertinente, con calidad y confiable sino, además, es esencial que la misma sea debidamente analizada e incorporada en el diseño de políticas públicas, así como en la evaluación del cumplimiento de metas concretas planteadas.

• Marco normativo común. Frente a estos diversos retos, y para poder darles respuestas, es importante asumir como primera tarea la definición de un marco normativo común, con definiciones e indicadores de los distintos tipos de violencia precisos y comunes, en los que deberían insertarse todos los esfuerzos de generación de estadísticas sobre violencia contra las mujeres que no se han hecho y que urge desarrollar.
Este marco normativo a definir debería fundamentarse, en el caso de México, tanto en las recomendaciones internacionales planteadas o derivadas de los distintos instrumentos y acuerdos signados por el Estado mexicano como en la ya existente LGAMVLV. En cualquier caso, su elaboración debería suponer una revisión crítica de las definiciones planteadas en esta ley y un ejercicio de conciliación de los indicadores que se desprenden de dichas definiciones con los indicadores propuestos a nivel internacional.