Reflexiones sobre la medición del progreso y bienestar

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Haciendo un análisis de las recomendaciones del documento de los profesores Stiglitz, Sen y Fitoussi, este artículo examina los antecedentes históricos que han determinado la necesidad de incluir costos externos a las decisiones de mercado dentro de las consideraciones de equilibrio óptimo en mercados de bienes y productos. Muestra que teorías que se han desarrollado para tratar de incorporar los costos no reflejados en precios determinados en mercados convencionales existen y deberían ser utilizadas. Para el autor, la conceptualización teórica existente para explicar el papel de las externalidades, los bienes públicos y las instituciones son referentes obligados si se desean corregir las distorsiones en los precios de equilibrio de mercados tradicionales. Asimismo, muestra que la teoría neoclásica falla al no incorporar estas externalidades, bienes públicos e instituciones en la solución que presenta de equilibrio óptimo bajo las reglas de mercados de competencia perfecta. Finalmente, presenta recomendaciones para que el INEGI tome un papel más activo en reconocer estos costos e intentar incorporarlos en las estadísticas que publica sobre el PIB mexicano.

Palabras clave: bienestar público, bienes públicos, externalidades, mercados monopolistas.

 

Reviewing the recommendations made by Profs. Stiglitz, Sen and Fitoussi, this article shows that many of the concepts presented in their article can already be explained by existent theoretical frameworks of the so called externalities, public goods and institutional economics. The article presents several ideas exposed by traditional writers in these fields, which demonstrate that a true market equilibrium solution can only be reached by accepting the adjustments proposed by them in their theoretical articles. The article therefore, assures that many of the new recommendations made in the Stiglitz, et al paper, are in fact old recipes which do not need to be redefined. The article also shows that the failure of the neoclassical market solution, has more to do with the exclusion of the recommendations made by the other theories, than with specific errors in their assumptions. At the end, the article recommends modifications to INEGI´s role in providing and collecting data to make it compatible with a true evaluation of market solutions in estimating welfare in Mexico.

Key words: Public Welfare, Public Goods, Consumer Surplus, Monopolic Markets.

 

 

Introducción

Definir el papel de las instituciones que miden el estado de una economía no es fácil en cualquier caso, pero es particularmente complicado cuando lo que se desea es medir el progreso y bienestar de éstos; más difícil aún es su papel para medir la felicidad de éstos. Así, cuando Nicholas Sarkozy, presidente de Francia, constituyó la Comisión sobre la Medición del Desempeño Económico y Progreso Social, su solicitud abrió, una vez más a examen, la vieja discusión acerca del valor que podemos atribuir a cifras y datos recolectados de información sobre sus precios en las economías occidentales de mercado. Constituida por viejos críticos de la medición estándar del producto interno bruto (PIB) como medida del bienestar y progreso de las naciones, la Comisión presentó sus conclusiones con recomendaciones que no hacen sino reafirmar las críticas que Joseph Stiglitz y Amyarta Sen habían realizado desde hace muchos años.

Ante esta realidad, la intención de este artículo es: 1) Explorar si los resultados de la Comisión son tan novedosos como sus autores pretenden hacernos creer y 2) Intentar definir las funciones que una institución, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), debería jugar en nuestro país para medir adecuadamente el progreso y bienestar derivado de la aplicación de políticas públicas gubernamentales.

Progreso y bienestar

Iniciemos esta discusión preguntando qué significa progreso y bienestar en el mundo moderno. Si como alegan los autores del reporte de la Comisión Sarkozy: “…lo que medimos afecta lo que hacemos…”, es importante definir qué es lo que buscamos en esta medición. En nuestra profesión, el impacto de la teoría clásica ha logrado un consenso que, por lo simple, parece extremo. La mayoría de los economistas estamos convencidos de que el estado ideal de progreso y bienestar en un país está definido por un estado de equilibrio en todos los mercados, denominado óptimo de Pareto.

Cualquier desviación del equilibrio económico general obtenido bajo ese óptimo nos llevaría a una situación de eficiencia económica inferior en el que perderíamos bienestar y disminuiríamos el progreso de nuestra nación. De este concepto teórico surge la necesidad de medir los valores de producción y consumo, bajo la obtención de datos estadísticos que capturan el valor atribuido a cada uno de los bienes y servicios que se intercambian en una economía de mercado. Estos valores de mercado, en su conjunto, resultan en lo que llamamos el PIB de un país, valor que comparamos entre naciones para establecer cuáles se encuentran en mejor situación económica según el PIB por habitante que definamos.

Los autores del reporte, críticos tradicionales, enfatizan que esta medida no es correcta para definir la calidad del progreso y bienestar que existe entre naciones. Destacan en su documento que al dejar fuera datos tan importantes para el bienestar de una persona —como el impacto negativo de los frecuentes congestionamientos de tráfico que enfrenta o la pérdida en la calidad de vida producto del deterioro ambiental en que vive o al dejar de lado el costo futuro del calentamiento global—, la medida denominada PIB no es adecuada para determinar los verdaderos niveles de bienestar y progreso entre países. En uno de sus comentarios más fuertes mencionan que: “…elecciones entre promoción del PIB y protección del medio ambiente podrían ser falsas elecciones al incluir adecuadamente el costo de la degradación ambiental…”1

A pesar de estar de acuerdo con los autores del reporte acerca de la falla contenida en la medición tradicional del PIB, encuentro presuntuoso el suponer que son los primeros en haber descubierto esta falla de las mediciones basadas en el mercado. En efecto, sólo es necesario entablar esta discusión acerca de cómo medir los conceptos de bienestar y progreso social con personas fuera de nuestra profesión para enfrentar definiciones que no son usuales para los economistas, y que dejan en claro que antes del reporte de la Comisión Sarkozy ya existían dudas sobre la corrección de las medidas tradicionales de PIB y PIB por habitante para comparar niveles de bienestar entre países del mundo.

Más importante aún, oponentes de los conceptos de globalización han manifestado, repetidamente, su rechazo al uso de variables estadísticas de comercio internacional, PIB y PIB por habitante para demostrar el efecto de las políticas públicas neoliberales aplicadas en una nación, ofreciendo, a su vez, conceptos de variables clave que llevarían a un cambio radical en los resultados obtenidos por estas políticas de considerarse efectos sobre fenómenos como la cultura, las costumbres y los hábitos de la población que es sujeta a estas políticas neoliberales.

Todavía más complicado es entender de qué manera debemos definir el bienestar de los habitantes de un país cuando políticos, como el señor Sarkozy, postulan como la razón del establecimiento de la Comisión el incluir de las políticas de la civilización que, a su juicio, contienen “…la calidad de los servicios públicos, el tiempo que un ciudadano tiene para disfrutar con su familia, y la sustentabilidad ambiental…”, entre otros. Así, dados los objetivos evidentes en esta declaración de demostrar que las condiciones de vida de los franceses son superiores de las que gozan los americanos, es esencial para el propósito de este artículo determinar lo que la población considera como su bienestar, pues la clase política confunde la entrega de dotaciones de favores, con la consecución del bienestar de sus gobernados.2

El asunto es importante para lo que examinaremos y recomendaremos posteriormente en este artículo; si no podemos llegar a una definición aceptada por todos, ¿cómo esperamos llegar a definir estadísticas que nos permitan evaluar el progreso y bienestar nacional? Que estemos de acuerdo en esta explicación dependerá de que podamos establecer criterios para evaluar resultados de las políticas públicas aplicadas en nuestro país.

Dada la confusión que existe en la precisión de este concepto, recurrir al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española parece una buena opción para determinar si quienes utilizamos esta lengua sabemos lo que decimos al expresarnos respecto al progreso y bienestar nacional.

Pues bien, el diccionario define bienestar como comodidad y, para mayor entendimiento, expreso a ustedes los sinónimos que en el mismo diccionario se presentan: confort, paz, placer, serenidad y tranquilidad. Para empeorar el asunto, enseguida el término bienestar se define como vida holgada y sus sinónimos, como abundancia, desahogo, fortuna, riqueza, suerte y ventura.

Progreso, a su vez, es definido en el diccionario como marcha hacia delante, perfeccionamiento, siendo sus sinónimos adelanto, avance, crecimiento, evolución, expansión, progresión y prosperidad.

Pero, ¿es así como los economistas definimos ambos términos? La respuesta, a mi juicio, es un resonante ¡no! En nuestro entusiasmo por eficiencia, quienes practicamos esta profesión hemos tendido a definir estos términos por sus efectos en la eficiencia de los procesos económicos, por la optimización en asignación de recursos que permite el mercado de competencia perfecta y, sobre todo, por el impacto sobre innovación y desarrollo que resultan de la competencia en los mercados. Así, la definición utilizada por los economistas tiene muchas deficiencias al compararse con aquélla obtenida del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Siguiendo a Marshall3, para nosotros bienestar es “…la satisfacción que los productores y consumidores de una economía obtienen con el intercambio de bienes y servicios”. Cuando un fabricante logra vender un producto con un precio mayor que el costo en que tuvo que incurrir para elaborarlo, se siente satisfecho, y el bienestar es una medida para cuantificar esa satisfacción. Más preciso: el bienestar generado con la fabricación y venta del producto es la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción. Ahora bien, tomando todo lo que se produce en una economía y sumando todas esas diferencias, se llega a lo que se llama el excedente del productor (producer surplus), que constituye uno de los dos componentes del bienestar total.

Preocupados por consideraciones de equidad y justicia, tanto los autores del reporte de la Comisión Sarkozy como los oponentes a la globalización parecen tener razón en sus posiciones respecto al uso del PIB tradicional como la medida del progreso y bienestar de una nación. Más aún, en sus conclusiones se permiten añadir un insulto a la injuria, al resaltar que quienes seguimos usando las medidas tradicionales somos faltos en sensibilidad social, remisos en proteger el medioambiente y, sobre todo, sesgados en demostrar que nuestras recomendaciones de política pública son óptimas en el manejo de los recursos naturales y distribución del ingreso entre los habitantes del planeta. En suma, que las mediciones actuales están diseñadas por quienes creemos que las políticas liberales son las mejores políticas para el desarrollo y bienestar de la humanidad.

Temo no compartir con ellos sus críticas, aunque entiendo el porqué de sus diferencias de opinión: en mayor parte, éstas han surgido de nuestra terquedad profesional por querer medir todo sobre la base de resultados obtenidos en el proceso de producción y distribución valuado a través de los precios que se establecen en los mercados, mediciones que obtenemos con facilidad al utilizar los resultados de producción y consumo que nos otorgan las cuentas nacionales. Sin embargo, no se puede atribuir a la teoría liberal este error, ya que desde la época de los escritores clásicos se aducía que los datos así obtenidos no necesariamente reflejan la realidad de los costos y beneficios que se dan en los procesos de producción y consumo de nuestras sociedades. En efecto, como veremos a continuación, los economistas liberales no siempre fuimos así de inconscientes respecto a los otros aspectos de nuestra percepción, que afectan lo que un ciudadano común considera como la situación de su estado de bienestar.

La medición del bienestar para los clásicos

En realidad, desde inicios del siglo XX, economistas de la talla de Marshall ya entendían que había diferencias significativas entre lo que observamos en el mercado y lo que queda oculto por las fallas del mismo, fallas que emergen de la falta de captura de los costos sociales que no se incluyen en datos entregados por empresas en su actividad cotidiana. En su búsqueda de aquellos elementos que garantizaran el bienestar de la sociedad, Marshall intentó estudiar cómo se ajustan los mercados a los cambios de demanda y oferta que en ellos se establecen. Su entrenamiento matemático lo impulsó a considerar conceptos de mecánica para definir la optimización del bienestar en un sentido de largo plazo, más que en el concepto estático de los escritores clásicos tradicionales. Marshall concebía a la Economía como un proceso evolutivo en el cual la tecnología, las instituciones que definen el equilibrio de los mercados y las preferencias de las personas cambian a través del tiempo. En su teoría se planta el germen de la incapacidad de los mercados para reconocer otros elementos que definen el valor de las transacciones que se realizan en un momento específico.

Con mayor claridad, uno de los alumnos sobresalientes de Marshall, Arthur C. Pigou, en su obra clásica The Economics of Welfare (1932), establece las bases para los conceptos modernos en la Teoría del Bienestar. En realidad, podríamos afirmar que con esta obra Pigou se convirtió en el precursor de la teoría del medioambiente al describir las diferencias causadas entre lo que él llamaba marginal social net product y marginal private net product. Desde entonces, abogó por la intervención del Estado mediante impuestos y subsidios para corregir las fallas de mercado provocadas por esas diferencias que hoy llamamos externalidades. La economía del bienestar de Pigou tenía presente no sólo las correcciones de externalidades, sino también la presencia de un Estado bienhechor que proporcionara seguridad social y que diera oportunidades para un consumo más igualitario a todos los sectores en áreas sensibles, como: educación, vivienda y salud. Es por esto que él recomendaba la transferencia de recursos desde los ricos a los pobres.

Según su criterio, la utilidad marginal del dinero disminuía al aumentar su cantidad (utilidad marginal decreciente), por lo que una persona pobre disfrutaba más el dinero que lo que lamentaba el rico perder esos recursos. Las opiniones de Pigou proporcionaron un gran apoyo a quienes propiciaban la redistribución de la renta como una medida de incrementar el bienestar de la sociedad. Desafortunadamente, el impacto de sus postulados sólo captó un interés muy limitado en su momento ya que, a medida que transcurría su vida, su fama se fue viendo eclipsada por las nuevas doctrinas de su colega en Cambridge, John Maynard Keynes, con quien tuvo más de una polémica respecto a lo que se debía definir como el bienestar de una nación.4

Aunada a la visión keynesiana sobre el papel del gobierno en una economía, las teorías de Pigou sobre la necesidad de asignar impuestos para reconocer las fallas de mercado causadas por las externalidades5 mediante gravámenes cayeron en desgracia aún más por dos factores: 1) La teoría desarrollada por Ronald H. Coase respecto al proceso de intercambio entre agentes privados para resolver el costo de las externalidades en las decisiones del mercado y 2) El auge de la doctrina de Public Choice, la cual considera que así como los mercados fallan, los gobiernos también lo hacen en su evaluación de soluciones a los problemas de las externalidades; esta teoría es considerada como el extremo del neoliberalismo por muchos críticos de las medidas de política pública aplicadas en países como los Estados Unidos de América.6

Así, motivados en gran medida por estos dos elementos y la influencia de la teoría keynesiana acerca del papel del gobierno en la economía, como dije anteriormente, los postulados de Pigou cayeron en desuso, con lo cual la visión de bienestar en nuestra profesión tomó el rumbo que hoy todos conocemos, y que hoy todos cuestionamos, al considerar que la participación del sector público no puede ser relegada al papel de actuar como mero observador de los resultados económicos que se generan en una sociedad.

A pesar del papel dominante de la teoría neoliberal, muchos autores siguieron indicando la importancia de esta diferencia entre costos que se percibían directamente en el proceso de las transacciones normales de la economía y los costos sociales que no se registraban por fallas en el mercado. Autores como Ronald H. Coase, Kenneth E. Boulding y Herman Daly precedieron a los movimientos modernos respecto al impacto que tiene en el bienestar de la humanidad el desconocimiento de los efectos negativos de políticas públicas sobre el medioambiente, el manejo de los recursos sociales y la imposibilidad de los mercados para determinar libremente el verdadero costo o beneficio de las transacciones que en ellos se desarrollan.

De la visión de ellos nació la teoría de las externalidades, teoría que describe en 1960 Ronald Coase en The Problem of Social Cost7, considerada un clásico, en la cual define claramente que en una sociedad cuyo único método de evaluación de bienestar es el resultado de los mercados, corre el riesgo de no evaluar de manera adecuada los costos reales del proceso de producción y consumo que se genera en ella. De forma contundente, Coase demuestra en su obra que los problemas derivados de la falta de definición de derechos de propiedad pueden causar que los precios de equilibrio reflejados en muchos mercados en nuestras economías no sean los correctos. En particular, demuestra que al no reconocer la propiedad, los precios de mercado no consideran los costos de transacción producto de lo que él denomina externalidades.

Kenneth E. Boulding, a su vez, define en sus escritos los inicios de lo que hoy consideramos como los valores de la economía del conocimiento8 y los efectos de las restricciones ambientales y de recursos naturales en el bienestar futuro de la humanidad.9 En su análisis, Boulding enfatiza que a diferencia de la teoría neoclásica tradicional, la cual asume que las restricciones no serán efectivas gracias al descubrimiento de nuevas tecnologías, el hecho de no considerar los costos que nuestras acciones tienen sobre el medioambiente convertirán las restricciones impuestas por los recursos naturales en restricciones efectivas.10

Por último, en su famosa definición de la Ley de Entropía en teoría económica, Boulding antecede a quienes hoy abogan por incluir en los estimados del PIB los efectos que tienen nuestra tecnología y los hábitos de consumo, considerar los costos derivados de la sobreexplotación de los recursos naturales de nuestro planeta para evaluar correctamente los efectos sobre el bienestar de largo plazo de la humanidad.

El mismo tema es señalado por Herman Daly.11 En sus conceptos acerca de uneconomic growth, reflexiona sobre las causas que provocan el mal uso de los recursos en el proceso de producción y crecimiento en las economías en vías de desarrollo. Aplicando sus teorías a los procesos de crecimiento en economías que hoy llamamos emergentes, Daly muestra la necesidad de considerar los costos del proceso de consumo que se impone sobre estas economías por el deseo de imitar el modelo de crecimiento de las economías desarrolladas. De esta manera, su trabajo intenta definir nuevas variables que tomen en cuenta estos costos y, con ello, determinen de manera adecuada mediciones del progreso y bienestar causados por este desarrollo ineconómico.

El trabajo de estos pioneros justifica hoy la generación de toda una teoría que refleje de verdad las variables y datos que capturen fielmente lo que debe ser considerado como el progreso y bienestar de nuestras sociedades. A partir de los conceptos vertidos por ellos, la contabilidad nacional inicia el lento proceso de redefinición en la recopilación de datos que en la actualidad se discute en todos los foros mundiales. Por ello, es incorrecto pensar que ha sido la labor de la Comisión Sarkzoy la que determina los nuevos elementos de contabilidad nacional que permitirán la medición correcta de lo que es el progreso y bienestar de una comunidad.

¿Por qué entonces nuestros sistemas de contabilidad nacional continúan cortos en recopilar estos datos?

En gran parte, atribuyo esta falla en nuestra exigencia de lo que deberíamos medir, a la influencia del recientemente fallecido Paul Samuelson, quien al definir en The Pure Theory of Public Expenditure12 un bien público como “…aquel en el cual el consumo de la persona 1 no afecta el consumo de la persona 2…”, nos deja cortos de la verdadera implicación del costo en que incurrimos al consumir un bien público. En efecto, su capacidad para definir de manera elegante las relaciones económicas en su síntesis del modelo neoliberal y neokeynesiano, permitió que la falla de reconocimiento de la externalidad que distorsiona los resultados óptimos en nuestra sociedad permaneciese vigente por muchos años en nuestra profesión.

En este contexto, podemos decir que la discusión presentada en el documento escrito por Stiglitz, Sen y Fitoussi simplemente retorna la discusión acerca de la necesidad de mejorar nuestra recopilación de datos, al reconocimiento de que como postulado por Pigou, Coase, y tantos otros, es importante incorporar a nuestras estimaciones los costos de transacción creados por las externalidades, para que podamos definir políticas públicas que nos aproximen a resultados de óptimos de Pareto en el bienestar de nuestros países.

A pesar de que podría considerarse lo contrario, esta visión de incorporación de los costos de transacción impuestos por las externalidades contrasta con el objetivo que dio pie a la constitución de la Comisión sobre la Medición del Desempeño Económico y Progreso Social formada por solicitud de Nicholas Sarkozy. Contrasta porque comparto la opinión de los críticos del Presidente de Francia13, de que la constitución de la Comisión tenía como intención demostrar que dados datos diferentes a los tradicionales, la sociedad francesa tendría un mejor estándar de vida que la norteamericana, objetivo que no debe ser considerado relevante para definir de forma general acciones a desarrollar en países como México, si deseamos verdaderamente obtener datos que nos permitan evaluar, de manera objetiva, los efectos que las políticas públicas aplicadas en nuestra nación tienen sobre el bienestar de la población.

¿Qué debemos medir en México?

En nuestro país, la tarea de elaborar las cuentas nacionales, publicarlas y presentarlas a la población corresponde al INEGI. Esta institución, que originalmente dependía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hoy existe como un organismo de Estado autónomo cuya finalidad es presentar objetivamente los datos estadísticos de relevancia nacional. La importancia de las reflexiones que hemos realizado a lo largo de este artículo impone, por lo tanto, indicar cuáles son los aspectos de información que en INEGI debería refinar con el fin de lograr un verdadero banco de datos que permitan evaluar la contribución de las políticas públicas aplicadas por gobiernos federal, estatales y municipales al progreso y bienestar de nuestra población.

Aunque concuerdo con las recomendaciones presentadas por la Comisión sobre la Medición del Desempeño Económico y Progreso Social, presidida por Joseph Stiglitz y Amyarta Sen, en esta sección quiero hacer énfasis en las siguientes acciones que considero vitales para el INEGI, si en verdad desea proporcionar información que permita evaluar correctamente los efectos de la política pública en México:

1) La recopilación de mejores estadísticas sobre los mercados laborales mexicanos, estadísticas que incorporen la realidad del subempleo en nuestro país.

2) La adquisición de datos sobre la economía informal de nuestra nación; datos que nos permitirán evaluar sus efectos en la competitividad nacional ante un mundo globalizado.

3) La necesidad de mejorar la calidad y homogeneidad entre datos nacionales, estatales y municipales sobre las variables tradicionales que se utilizan para hacer evaluaciones de las políticas públicas y la eficiencia de las empresas privadas en nuestra nación.

4) La difusión de información sobre las condiciones de vida de nuestra población, salud, educación y competitividad respecto a las condiciones similares en otras naciones.

5) Añadir datos sobre los costos incurridos por la negligencia de las políticas públicas en la protección de nuestro medioambiente y su impacto en el bienestar de la población.

 

Mercado laboral

Por tradición, el INEGI ha recopilado información acerca de la cantidad del empleo vigente en nuestra nación. Desafortunadamente, las estadísticas recopiladas por esta institución enfrentan el desafío de competir con las estadísticas de empleo formal producidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales deberían ser verificadas y acreditadas por el INEGI para evitar discusiones estériles acerca de la validez de las cifras oficiales de empleo y subempleo en nuestra economía. En particular, el INEGI debería ser la única fuente de información de las cifras de empleo y desempleo, ello evitaría que se presenten conflictos en los análisis de la efectividad de las políticas públicas de fomento al empleo en México.

De manera adicional, el INEGI debería mejorar su capacidad para presentar estadísticas de las condiciones de capacitación de la fuerza laboral del país. Las bases sobre las que se define en la actualidad el concepto de empleo y desempleo son sumamente engañosas. Los datos presentados para evaluar la tasa de desempleo nacional no corresponden a la realidad del empleo que la informalidad muestra día tras día a quienes verificamos las condiciones laborales de la mayoría de los mexicanos. Proporcionar información creíble sobre la calidad del empleo en nuestra economía, sobre las condiciones de horas de labor representativas de una jornada completa para calificarla como empleo y sobre la calidad de la capacitación de quienes responden la encuesta escapa a los datos que son presentados en estos momentos por la institución. Las cifras de desempleo que otorgan un máximo de 5% no son creíbles y requieren mejorar en su definición para presentar un retrato adecuado de la realidad laboral de México.

Sólo de esta forma será posible evaluar si las políticas laborales actuales permitirán que el progreso nacional y el bienestar de nuestra sociedad se garanticen en el largo plazo. Únicamente así se podrán idear programas de capacitación que mejoren la productividad promedio de la mano de obra en México. Los efectos de la informalidad en el empleo son perniciosos para la economía, en la medida que quedan disfrazados por conceptos de acceso a empleo con la definición actual, no permiten realizar una evaluación adecuada de la legislación vigente en la materia ni de las necesidades de reforma de la misma para alcanzar un grado de progreso y bienestar social que sea positivo en los años venideros.

Informalidad en México

El país se caracteriza por bautizar al fenómeno de la ilegalidad con términos tales como la informalidad. Así, hablamos de los mercados informales que caracterizan a nuestro estilo de transacciones en las cuales se intercambian bienes que son robados, pirateados, contrabandeados y surtidos sin apego a la legislación fiscal vigente en México. Las características de esta informalidad no son debidamente conocidas, los datos de la misma pertenecen al ámbito de lo anecdótico, pero escasea la información estadística que nos permitiera evaluar el tamaño de esta economía subterránea, su implicación para la competitividad nacional y su pernicioso efecto en las características de empleo, inversión y respeto por la ley que afecta nuestras posibilidades de alcanzar como nación los estándares de progreso y bienestar social presentes en otras economías.

El INEGI deberá conciliar nuestras necesidades de información estadística confiable con su capacidad de recopilar los datos en un mercado en el que lo ilegal es la regla que define el comportamiento del mismo. Esta reconciliación permitiría que se reconociese la calidad del empleo en el país, el efecto de los mercados informales sobre los derechos de propiedad y su impacto en las externalidades generadas que afectan la inversión y el desarrollo productivo, las carencias de capacitación para competir exitosamente en el mundo globalizado y, sobre todo, la necesidad de adaptar las políticas fiscales a la realidad impuesta por la existencia de estos mercados.

Quiero dejar en claro aquí mi diferencia con las recomendaciones de la Comisión, mientras que en su caso el interés es el ofrecer un valor que permita demostrar que los mercados de esta naturaleza tienen un PIB superior al imputado por las actuales cuentas nacionales: mi recomendación va en la dirección de proporcionar información que nos permita evaluar el impacto negativo que estas transacciones tienen en la medición del progreso y bienestar del total de la población.

Homogeneidad estadística

El concepto federal de nuestra integración política exige que los datos estadísticos que definan la calidad de vida, producción, empleo e ingreso a nivel local, regional y nacional sean homogéneos. La homogeneidad de estos datos demanda una labor intensa del INEGI en la aceptación por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) de la generación de estadísticas utilizando los mismos parámetros cuantitativos y cualitativos para que los datos sean comparables en cualquier dimensión estadística que refleje su realidad.

Al momento, la información no es homogénea, impidiendo el análisis oportuno sobre la calidad de políticas públicas aplicadas a los tres niveles de gobierno, el cual permitiría a los ciudadanos valorar las competencias de los gobiernos locales respecto a las correspondientes a otros gobiernos en la nación. Datos que son importantes ante la democratización de los procesos de elección popular y la evaluación de los servicios prestados por las autoridades locales para responder a los deseos de progreso y bienestar de las comunidades locales en México. Estadísticas vitales sobre bienestar social, ingreso y producción son afectadas por la incapacidad de obtener datos a nivel local que sean compatibles en las cuentas nacionales.

De la misma manera, acceso a estas estadísticas permitirá que estudios originados en otras zonas del país sean pertinentes en la evaluación de la calidad de vida de las diferentes regiones de nuestra geografía, un elemento requerido para definir políticas sociales y económicas de los gobiernos federal y estatales que vayan en auxilio de programas locales que verdaderamente impulsen el bienestar y progreso social de nuestra nación.

Comparación de bienestar

El INEGI no puede excluirse de presentar análisis comparativos entre las condiciones de vida de nuestros habitantes y aquéllas existentes en otras naciones del planeta. Integrar en su difusión de datos estudios que comparen estadísticas vitales entre México y otros países permitirá educar a la población sobre las condiciones del progreso y bienestar social que les entregan las políticas públicas aplicadas por los gobiernos de los tres niveles de autoridad. En un mundo globalizado, en el que la competencia por empleos, progreso y bienestar no están decididos únicamente por las condiciones locales, estudios de esta naturaleza serán esenciales para el robustecimiento de las condiciones bajo las cuales nuestra democracia será evaluada en sus méritos reales.

El INEGI podría buscar apoyo en las instituciones académicas que existen en México para la elaboración de dichos estudios. Esta colaboración afirmaría la calidad de los estudios desarrollados, implantaría un nuevo modelo de evaluación de políticas públicas en México y permitiría resguardar la integridad institucional del organismo de Estado autónomo al tiempo que se darían las condiciones para que la medición de los datos nacionales fuera compatible con los estándares de medición del progreso y bienestar social aceptados internacionalmente.

Impactos ambientales y progreso y bienestar social

Como mencioné a lo largo del documento, la evaluación de la situación ambiental y los costos de la sobreexplotación de los recursos naturales han sido materia de discusión por connotados economistas a lo largo de los últimos 60 años. Nuestra documentación de los mismos se encuentra en etapas iniciales que exigen coordinación entre el INEGI y la comunidad científica para definir los datos estadísticos que permitirán evaluar adecuadamente la negligencia en el manejo de los recursos ambientales de que hacen gala los gobiernos que tiene México.

Por la complejidad de los temas, la necesidad de reconocer los impactos que la empresa privada causa en el manejo del medioambiente y la importancia de establecer políticas públicas que aminoren el impacto negativo del desconocimiento de estos costos en nuestra sociedad, el INEGI deberá valerse de herramientas diseñadas por la comunidad científica nacional para establecer correctamente los procesos de recopilación de información requerida para estas evaluaciones. Éste será, sin duda, el aspecto más importante en el desarrollo de sus actividades futuras, ya que representa la publicación de la información que nos permitirá establecer si las acciones llevadas a cabo en el presente afectan de manera negativa y decisiva las posibilidades de progreso y bienestar social de las generaciones por venir.

Si el INEGI dedica sus recursos a complementar sus bancos de datos con esta información, su contribución al bienestar y progreso de México será indudable. Si persiste en mantener la estructura actual de medición del progreso y bienestar social, quedará corto de sus obligaciones para asegurar que el futuro de México sea uno de progreso y bienestar social.

Referencias

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Boulding, Kenneth E. The Economics of Knowledge and the Knowledge of Economics, American Economic Review. 1966.

______ Towards a New Economics: Critical Essays on Ecology, Distribution, and Other Themes. Edward Elgar, 1992.

______ The Economics of the Coming Spaceship Earth. 1966.

Buchanan, James H. "Public Finance and Public Choice", en: National Tax Journal. 1975.

______ The Demand and Supply of Public Goods. Rand McNally, Chicago, 1968.

Coase, Ronald. "Problem of Social Cost", en: Journal of Law and Economics. The University of Chicago, 1960.

Daly, H. "Uneconomic growth and the built environment: in theory and in fact", en: Kibert, C. J. (ed.). Reshaping the Built Environment: Ecology, Ethics, and Economics. Washington, DC, Island Press, 1999.

Keynes, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. McMillan Cambridge University Press, 1936.

Marshall, A. The Economics of Welfare.

Pigou, A. C. Keynes´General Theory, A Retrospective View. Londres, McMillan, 1950.

Samuelson, Paul A. "The Pure Theory of Public Expenditure", en: Review of Economics and Statistic. 36 (4): 387–389, 1954.

Stiglitz, Joseph E., Sen, Amartya, and Fitoussi, Jean-Paul. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Paris, 2009.

1 Narrativa contenida en el párrafo (3) de la página 21 del reporte. Traducción libre del idioma inglés al español por el autor de este documento.

2 Es interesante hacer notar que entre los primeros políticos que utilizaron el concepto de felicidad en el propósito de las políticas públicas se encuentra Thomas Jefferson. A él se atribuye la inclusión del concepto de life, liberty and the pursuit of happiness en la declaración de independencia de los Estados Unidos de América. El presidente Sarkozy parece emular a este americano en su intención de demostrar que los franceses viven mejor que los americanos a más de 200 años de esta declaración.

3 Alfred Marshall (1842-1924) es considerado como uno de los más brillantes economistas en la historia. Su síntesis de oferta y demanda y su preocupación por la Teoría del Bienestar sentaron las bases modernas de los conceptos de oferta y demanda, así como de equilibrio de mercado. Sin embargo, a lo largo de sus escritos queda clara la necesidad de considerar efectos secundarios en la determinación del equilibrio de largo plazo, lo cual puede considerarse como un antecedente de los conceptos de externalidades que serían desarrollados por sus alumnos, como Pigou.

4 A. C. Pigou. Keynes´General Theory, A Retrospective View. Londres, McMillan, 1950.

5 De haber seguido vigente su teoría, se habría incluido en las mediciones de las variables económicas un valor correspondiente al estimado de la externalidad. Esto habría, en gran medida, atendido a los reclamos actuales acerca de la incapacidad de las estadísticas del PIB para evaluar correctamente el bienestar y progreso sociales.

6 Escritores de la talla de los premios Nobel Kenneth Arrow y James Buchanan, se encuentran entre los economistas que dieron pie a esta teoría en la década de los 50 del siglo XX. Buchanan describió esta teoría como Politics without the Romance.

7 “The Problem of Social Cost”, en: Journal of Law and Economics, The University of Chicago, 1960.

8 Boulding, Kenneth E. The Economics of Knowledge and the Knowledge of Economics en: American Economic Review. 1966.

9 Boulding, Kenneth E. Towards a New Economics: Critical Essays on Ecology, Distribution, and Other Themes. Edward Elgar, 1992.

10 Boulding, Kenneth E. The Economics of the Coming Spaceship Earth. 1966.

11 Daly, H. “Uneconomic growth and the built enviromental: in theory and in fact”, en: Kibert, C.J.(ed.). Reshaping the built Enviromental: Ecology,Ethics, and Economics. Washington, DC, Island Press, 1999.

12 Samuelson, Paul A. “The Pure Theory of Public Expenditure” en: Review of Economics and Statistic. 36 (4): 387–389, 1954.

13 Como el periodista John Nichols en The Capital Times, octubre del 2009.

Luis Ernesto Derbez Bautista

Autor

Licenciado y maestro en Economía por las universidades Autónoma de San Luis Potosí, México (1970), y de Oregón (1974), respectivamente; Ph.D. en Economía por la Universidad Estatal de Iowa (1980). Es rector de la Universidad de las Américas Puebla. Consolidó su carrera profesional en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad Johns Hopkins, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores del gobierno de México.